Relaccionados...

canales-venadoLa Audiencia Provincial, reactiva el caso de presunto tráfico ilegal de carne de caza de Asturianos, en base a una mejor argumentación de las razones para su archivo, fundamentándose en la gravedad de los hechos, que requieren una más completa argumentación.

La Opinión de Zamora lo expresaba de esta forma:



La Audiencia pide al Juzgado de Puebla que argumente el archivo del caso Asturianos

El coto y la Fiscalía recurrieron el sobreseimiento de la trama denunciada por la posible caza furtiva y la ilegal comercialización de carne
J. A. G. El Juzgado de Puebla de Sanabria deberá «motivar» el sobreseimiento y archivo de la conocida como trama de Asturianos, relativa a la presumible caza ilegal de especies de caza mayor, así como a la posible ilegalidad de la comercialización de carne, tanto cinegética como de animales domésticos. Unos actos de los que han encausados, en todo o en parte, a los responsables de una explotación ganadera de la localidad, los hermanos P. O. C. y F. O. C., el hijo de uno de ellos. J. F.O, y un amigo de éste, J. R. B.

Así lo dicta el reciente auto de la Audiencia Provincial, que resuelve de este modo los recursos contra el archivo planteados, tanto por el coto de caza como por la propia Fiscalía. El Juzgado de Puebla deberá retomar el sumario para justificar la motivación del cierre de un caso que encierra un grueso memorial de conversaciones telefónicas grabadas sin el conocimiento de los implicados ni de sus interlocutores, pero con autorización judicial.

Fuentes del caso señalan que la Audiencia provincial mantiene la validez de las citadas escuchas dado la gravedad de los hechos denunciados e investigados, escuchas que en reiteradas ocasiones se han intentado echar abajo. Ponen de manifiesto que son válidas porque son fundamentales para investigar una historia calificada por algunos como «de novela negra».

El Juzgado de Puebla deberá justificar con doctrina legal los motivos por los que la denominada trama de Asturianos es archivada prácticamente en todas sus esencias capitales: el furtivismo, que conlleva un delito contra la flora y la fauna, y la comercialización ilegal, que implica un delito contra la salud pública. Dejó como punible la tenencia ilícita de armas. Al respecto, fuentes relacionadas con el caso, afirman que se responsabiliza al menor de edad «porque carece de antecedentes penales» y se justifica la tenencia de armas como «que son para jugar».

Las fuentes hacen referencia a que las escuchas son autorizadas al desprenderse tantos posibles delitos, derivados de la supuesta caza furtiva, por los elementos hallados y que son utilizados para furtivear, por las estrechas relaciones con gentes y clientes que participan en la entrega o comercialización de la carne. Unas circunstancias que llevan a la vigilancia clandestina. Precisan, además, que «cualquier sospecha de estar vigilando llevaría a los sospechosos a desistir de sus propósitos, a la destrucción y ocultación de pruebas y a poner sobreaviso a otros posibles implicados».

Precisamente la dimensión de estas relaciones se exponen como fundamentos para encargar la vigilancia a agentes de la Guardia Civil procedentes de Madrid (y no de Zamora), que con «estricta reserva «llevaron a cabo las labores de investigación.

El resultado de estas indagaciones revela a un mundo de conversaciones sobre caza y comercio de carne, que se extiende a personas de muy diferentes sectores, incluidos, según las citadas fuentes, también al de los agentes medioambientales. El caso saltó a la luz el 27 de abril de 2010 cuando se procedió a practicar detenciones a resultas de las investigaciones.

El Juzgado de Puebla recobra así el sumario porque la Audiencia Provincial considera que su archivo carece de suficientes motivaciones y procede una mayor fundamentación. El caso se ha visto de nuevo reavivado con la presentación hace unos días de «una querella criminal por falsedad en documento público» contra tres guardias civiles del puesto de Puebla. La denuncia fue presentada por un cazador que considera improcedente del todo que fuera expedientado y sancionado por la Junta de Castilla y León, a causa de la denuncia interpuesta por los agentes, «sin haber estado en el lugar de los hechos».

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